ONG piden al gobierno español que firme el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos

En España, el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral aparece vinculado a la inmigración y tiene rostro de mujer. Varias ONG se han unido para pedir al Gobierno español que firme el convenio europeo contra esta lacra y que aborde esta lucha desde una perspectiva de derechos humanos y dando prioridad a las víctimas.

Este grave problema, que especialmente afecta a mujeres y niñas en todo el mundo, es una violación gravísima de los derechos humanos que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afecta cada año a alrededor de 2,5 millones de personas en el mundo. Pese a la gravedad de este problema, no existen datos fiables sobre la dimensión de este problema en España.

Las organizaciones Amnistía Internacional, Proyecto Esperanza, Médicos del Mundo, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Women's Link, coincidiendo con el Día Europeo Contra la Trata de Seres Humanos, demandan al Gobierno español ante su anuncio de un Plan de Acción Nacional contra la Trata de Seres Humanos, que muestre su compromiso real iniciando los trámites para la adhesión al Convenio Europeo sobre este tema, que España aún no ha firmado.


La mayoría de las víctimas en España son mujeres de entre 18 y 25 años que han sido captadas en sus países de origen por personas, grupos de delincuentes o redes criminales organizadas. Sirviéndose de sus expectativas de mejorar sus vidas y las de sus familias, las redes las traen a España por medio de engaño, amenazas, fuerza, abuso de situaciones de vulnerabilidad y otras formas de coacción.

El fin es someterlas a explotación, ya sea en la prostitución, el servicio doméstico, la agricultura, la mendicidad, la venta ambulante o los matrimonios serviles, que son contratos matrimoniales en los que pueden acabar obligadas, en régimen de esclavitud, a realizar cualquier actividad doméstica, laboral, o favores sexuales.

Las mujeres víctimas de trata se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad: desconocen sus derechos en un país que no es el suyo, en numerosas ocasiones no hablan el idioma, ignoran las posibilidades de ayuda que tienen, desconfían de las autoridades, y frecuentemente han sido desposeídas de sus documentos de identidad por los traficantes.

Muchas no denuncian porque temen sufrir represalias tanto ellas como sus familiares en el país de origen. Aquellas que reúnen el suficiente valor para interponer una denuncia y colaborar como testigos en el proceso penal contra los autores del delito, sufren con demasiada frecuencia una revictimización al enfrentarse con un sistema judicial poco sensibilizado frente a esta realidad, y sin recursos humanos y materiales suficientes para, por ejemplo, realizar una efectiva protección de testigos.

El 16 de mayo de 2005 el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, un instrumento de vital importancia para la protección a las víctimas, en el que se garantiza la igualdad de género. Hasta el momento, dicho convenio ha sido firmado por 24 países, entre los que no se encuentra España.

El Convenio tiene un ámbito de aplicación que abarca todas las formas de trata de personas con fines de explotación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, conectadas o no con el crimen organizado internacional. Sus objetivos son: prevenir y combatir la trata de seres humanos, proteger y asistir a las víctimas con independencia de que colaboren o no como testigos en el proceso penal contra los traficantes, investigar y enjuiciar el delito, y cooperar en la lucha contra la trata. Además, el Convenio Europeo incluye compromisos cruciales para proteger y promover los derechos de las víctimas.